Las modificaciones incluidas en el proyecto de Ley de Competitividad habilitan al INIA a crear o integrar empresas y someten parte de sus decisiones a nuevos lineamientos del Poder Ejecutivo. Un análisis de la Asociación de Profesionales Universitarios de INIA advierte sobre posibles efectos en la independencia técnica, la cogestión con los productores y el manejo del conocimiento generado por el Instituto.
Las modificaciones propuestas a la Ley Nº 16.065, que creó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), abrieron cuestionamientos sobre el futuro diseño institucional del organismo. Los cambios forman parte del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida y alcanzan aspectos vinculados con la planificación de la investigación, la creación de sociedades comerciales, el destino de sus utilidades y la participación de investigadores en emprendimientos derivados de tecnologías desarrolladas en el Instituto.
La Asociación de Profesionales Universitarios del INIA (APUINIA) elaboró un análisis en el que identifica siete puntos críticos y advierte que la reforma puede modificar de manera sustancial un modelo que, desde 1989, se sustenta en la autonomía de gestión y la cogestión entre el Estado y los productores.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al artículo 213, que establece que los planes, programas e instrumentos de generación tecnológica se desarrollen de acuerdo con lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo. Para la asociación, esto podría afectar la continuidad de investigaciones cuyos resultados requieren horizontes de 10, 15 años o más.
INIA podría crear o integrar empresas
Otro cambio relevante aparece en los artículos 214 y 215, que habilitan al Instituto a crear, adquirir o integrar sociedades comerciales y mantener acciones en empresas privadas. APUINIA cuestiona que recursos provenientes en buena medida del aporte de los productores puedan quedar expuestos a riesgos comerciales y financieros distintos de la actividad central de investigación pública.
El proyecto también prevé que las utilidades generadas por esas sociedades sean recursos del INIA y que su destino se ajuste a criterios y directrices generales del Poder Ejecutivo.
Además, las sociedades instrumentales en las que el Instituto tenga una participación superior al 50% accederían a exoneraciones tributarias.
Para la asociación, este último punto podría generar situaciones de competencia desigual frente a empresas privadas que operen en los mismos mercados.
La preocupación alcanza también a la propiedad intelectual. El artículo 219 habilita al personal técnico y especializado a participar en entidades derivadas de conocimientos generados en el INIA. APUINIA entiende que esto requiere mayores garantías para evitar conflictos de interés y una eventual apropiación privada de conocimiento desarrollado con financiamiento público y de los productores.
“La discusión es si necesita convertirse en empresario”
La asociación sostiene que el INIA ya dispone de mecanismos para transferir conocimiento y tecnología al sector privado, entre ellos servicios, licencias y regalías, sin necesidad de participar como accionista de empresas comerciales.
“La discusión no es si INIA debe transferir tecnología: debe hacerlo. La discusión es si para eso necesita convertirse en empresario y asumir riesgos comerciales con recursos de los productores”, señala el documento.
APUINIA no plantea cerrar la puerta a una reforma, sino que cuestiona el mecanismo elegido. Considera que una modificación estructural de la ley de creación del Instituto debería discutirse específicamente, con una instancia técnica y participación de los actores vinculados a la investigación y la producción agropecuaria, en lugar de quedar incluida dentro de una ley más amplia.
Entre sus principales reclamos menciona preservar la autonomía técnica, proteger los recursos aportados por productores y Estado, mantener la cogestión y establecer reglas claras sobre propiedad intelectual y conflictos de interés.
