El Instituto Nacional de Colonización (INC), con el respaldo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, defendió ayer la compra de un predio de 4.404 hectáreas (estancia María Dolores) en una zona estratégica de la cuenca lechera, ubicada a pocos kilómetros de San Ramón y Florida. La adquisición, calificada como una "inversión patrimonio del Estado" y una "oportunidad inmejorable", por parte de las autoridades, busca fortalecer la producción lechera familiar, generar empleo y dinamizar la economía rural.
La conferencia de prensa contó con la participación del ministro interino de Ganadería, Matías Carámbula, y el presidente del INC, Eduardo Viera, quienes detallaron el contexto político e histórico que enmarca esta decisión, así como los planes concretos para el uso del inmueble.
Política pública
El ministro Carámbula contextualizó la compra dentro de una larga tradición de políticas públicas sobre la tierra en Uruguay, que se remonta al Reglamento Artiguista de 1815, pasando por la perspectiva batllista de la función social de la tierra y el proyecto de desarrollo de Wilson Ferreira Aldunate. Destacó que el INC, relanzado en los últimos 15 años, se sustenta en cuatro pilares centrales: la tierra como sentido de soberanía (territorial y alimentaria), la distribución más justa y equitativa de la renta del sector agropecuario, el apoyo a la producción familiar y la inversión en patrimonio del Estado para la generación de bienes públicos.
Según Carámbula, el INC administra actualmente cerca del 3% de la superficie agropecuaria del Uruguay, vinculando a 3.500 unidades de producción y más de 5.700 familias a la política de tierra del Estado. Subrayó la vigencia del instituto, especialmente en un contexto de “fuerte concentración de la tierra, extranjerización y anonimato de la propiedad”, que justifica la necesidad de una política de acceso a la tierra. La compra de este campo se enmarca en el programa de gobierno de apoyo a la lechería, un sector clave para el país. La lechería uruguaya cuenta con unos 3.000 productores y genera 15.000 puestos de trabajo directos en la fase primaria e industrial. En 2024 la exportación de productos lácteos generó ingresos por US$ 850 millones.
El programa de desarrollo lechero del gobierno incluye el fortalecimiento del INALE, el acceso a la tierra (donde el INC juega un papel central), el apoyo a la industria láctea, la consolidación de mercados internacionales (se exporta el 70% de la producción a unos 83 mercados), las políticas diferenciadas hacia la producción familiar (más del 70% de los productores lecheros son familiares) y la gestión del agua y el riego.
“Poco conocimiento” del INC
A su turno, el presidente del INC, Eduardo Viera, expresó el “poco conocimiento que hay en la sociedad” sobre la “fabulosa herramienta que es el Instituto Nacional de Colonización”. Afirmó que el INC es la única alternativa para que muchas familias, especialmente jóvenes, puedan radicarse y trabajar en el campo.
Viera informó sobre la alta demanda de tierra, señalando que hay aproximadamente 1.700 familias postulantes aspirantes a colono en total, y específicamente en el rubro lechero, hay cerca de 1.500 familias inscriptas solicitando una oportunidad. Esta demanda, sumada a la preocupación por la disminución de la población rural (hoy menos del 4%) y la falta de materia prima en las industrias lácteas, fue un argumento fundamental para tomar la decisión de compra.
La propuesta de venta de la estancia llegó al INC el 11 de abril por el artículo 35 de la Ley de Colonización, que otorga al instituto una opción preferencial de compra en las mismas condiciones pactadas con un comprador privado. Tras estudiar el predio con equipos técnicos, incluyendo relevamientos con drones, y confirmar sus condiciones de suelo, ubicación y potencial de riego, el INC decidió hacer uso de esta opción. Viera señaló que la elección del campo se basó en que era una “oportunidad inmejorable que estaba en una zona clave en plena cuenca lechera” y el precio iba en las mismas condiciones que el pactado previamente.
Respecto a la financiación, Viera explicó que se gestionó con el Ministerio de Economía. Mencionó que al INC se le adeudan fondos significativos, calculados en torno a los US$ 108 millones, resultado de la quita de recursos en el período anterior, lo que incluso llevó a que el Instituto no tuviera cuentas bancarias habilitadas recientemente.
Ante la consulta sobre una posible observación del Tribunal de Cuentas, Viera fue categórico: “Estamos totalmente seguros de la inversión y si es observado vamos a estar ratificando la compra porque estamos totalmente convencidos que están todos los argumentos legítimos y se hizo en el marco de la ley”. La transacción se encuentra en la etapa de notificación al vendedor, disponiendo de 105 días para realizar el pago.
Proyecto
El proyecto diseñado por técnicos del INC, INIA y privados para el campo adquirido es ambicioso. Se prevé la instalación de 16 nuevos tambos, lo que implicaría la radicación de 16 familias y la generación de mano de obra directa para esos emprendimientos. Además, se destinarán 2.000 hectáreas a la producción de pasturas y forrajes. El objetivo es proveer alimento para aproximadamente 100 productores de la zona que enfrentan problemas de escala.
Según estimaciones presentadas, la producción de pasto y grano en este campo podría transformarse en unos US$ 10 millones de producto bruto por año en leche. Viera destacó que, considerando que cada dólar generado por la lechería se multiplica por seis en la economía, esta inversión podría generar un movimiento económico anual de entre US$ 50 y 60 millones en la zona. A esto se sumarían más de 150 puestos de trabajo directos y un importante dinamismo local.
El presidente del INC también hizo referencia a la vasta experiencia acumulada del Instituto en el sector lechero. Señaló que el 43% de los productores colonos son lecheros y que sus indicadores productivos y reproductivos son “muy buenos” y “altos” en comparación con la media del sector. Además, mencionó herramientas exitosas del INC como los campos de recría, bancos forrajeros y programas de estabilidad lechera, que avalan la capacidad del Instituto para llevar adelante este “proyecto que se estaría iniciando” como una “colonia lechera moderna con innovación”.
El campo
Sobre algunos aspectos específicos del campo, Viera aclaró que el casco de estancia, los olivares y los corrales de encierro (unas 120-150 hectáreas) serán deslindados y vendidos para reinvertir esos recursos en la construcción de la infraestructura necesaria para la lechería. Respecto a las áreas que podrían ser inundables (se habló de 1.000 hectáreas), explicó que “hay que tomarlo muy, pero muy entre comillas” y que son áreas totalmente aprovechables para pasturas perennes o campos de recría, asegurando además el cumplimiento de la normativa ambiental por estar en la cuenca de Santa Lucía. También confirmó que la compra sí incluye la maquinaria y el equipo de riego.
Ante cuestionamientos y críticas, incluyendo las manifestadas por algunas gremiales como la ARU o legisladores como el senador Da Silva, Viera fue enfático: “No me preocupa lo que lo que puedan decir, simplemente la tranquilidad de que uno está haciendo lo correcto”. Aseguró que el proyecto cuenta con respaldo de productores y confió en la inteligencia del pueblo para interpretar la situación. La decisión de compra, que es ratificada por el Ministerio de Ganadería y cuenta con respaldo político, fue consultada “desde el primero para abajo con mucha gente”, aunque se reservó los detalles de las conversaciones específicas, como con el presidente de la República, Yamandú Orsi.
El proyecto de la nueva colonia lechera del INC avanzará, con la convicción de que la inversión “va a retornar al pueblo en generación de divisas, pero va a beneficiar a 16 familias” y a muchas más indirectamente. El proceso de selección de los futuros colonos será “totalmente público y abierto”, mediante llamados, publicación en la web del INC y presentación de proyectos por parte de las familias aspirantes, informó Viera.
